La Provincia de Córdoba deberá indemnizar por daño moral a tres mujeres por el intercambio de dos bebés ocurrido en una maternidad provincial en 1977. El error fue descubierto 46 años después, a partir de estudios genéticos que permitieron reconstruir los vínculos biológicos.

La resolución fue dictada por el juez Civil y Comercial de 35° Nominación de Córdoba, Mariano Díaz Villasuso, quien condenó al Estado provincial a pagar indemnizaciones de entre $25 millones y $30 millones, más intereses, a las dos mujeres que fueron entregadas a familias que no eran las biológicas y a la madre de una de ellas.

La investigación comenzó a partir de la sospecha de una de las damnificadas. Con intervención de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y mediante pruebas de ADN, se confirmó que no existía vínculo biológico con la familia que la había criado. El análisis permitió además identificar a otra mujer nacida el mismo día y en la misma maternidad, estableciendo que se trataba de la hija biológica de aquella familia.

El juez consideró probado que las dos niñas habían sido intercambiadas al momento de nacer y que la responsabilidad correspondía al Estado provincial por una “falta de servicio”. El fallo sostiene que el error no fue una consecuencia inevitable, sino que existió un incumplimiento en el funcionamiento del servicio de salud.

La sentencia también analizó si el caso podía estar relacionado con la última dictadura cívico-militar, debido a que la maternidad había formado parte del circuito represivo de aquella época. Sin embargo, el magistrado descartó esa vinculación en este caso: las mujeres ingresaron al hospital voluntariamente para dar a luz y los estudios genéticos tampoco encontraron coincidencias con familiares de personas secuestradas o desaparecidas.

Uno de los puntos centrales del fallo es el derecho a la identidad. Para el juez, el daño moral resulta evidente porque el intercambio provocó la sustitución de la identidad personal y familiar de las víctimas durante décadas. La resolución remarca que conocer la propia filiación y pertenencia familiar constituye un derecho humano esencial.