El gobernador Martín Llaryora encabezó la entrega de las primeras personerías jurídicas religiosas de la provincia de Córdoba, un hecho histórico que otorga reconocimiento legal específico a iglesias y comunidades de fe que hasta ahora debían inscribirse bajo figuras ajenas a su naturaleza espiritual, como ONG o asociaciones civiles.

El acto se desarrolló en la Sala de Situación del Centro Cívico y significó la puesta en marcha del Decreto 176/2025, aprobado en julio pasado, que reglamenta la situación jurídica de las confesiones alcanzadas por la Ley Nacional 21.745. En esta primera etapa, representantes de 21 comunidades religiosas de distintos puntos de la provincia recibieron sus certificados oficiales.

Durante la ceremonia, Llaryora remarcó que se trata de una demanda histórica del sector: “Ahora tienen la legislación y por eso firmamos este reglamento que les permite ejercer con libertad su credo y su creencia”. En ese sentido, recordó que anteriormente las iglesias “ni siquiera podían registrar como objetivo enseñar la palabra de Dios”, ya que solo se les ofrecía anotarse como ONG.

El mandatario subrayó que la personería jurídica religiosa “abre las puertas del trabajo institucional con el Estado y con los municipios”, y graficó el alcance del reconocimiento al señalar que las comunidades “tienen ahora su DNI”. También destacó el rol social que cumplen las iglesias en los barrios, especialmente en la contención familiar y la prevención de adicciones.

La nueva normativa agiliza los trámites de inscripción, rúbrica de libros, administración patrimonial y funcionamiento interno, respetando los estatutos propios de cada confesión. Líderes religiosos coincidieron en definir la medida como un “momento bisagra” luego de más de cuatro décadas de gestiones.

El ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, resaltó la importancia del trabajo articulado entre el Estado y las iglesias: “La iglesia no solo ora: contiene, escucha y está presente en el territorio. Cuando el Estado se hace socio de esas instituciones, las respuestas llegan más rápido a la gente”.

Por su parte, el secretario de Relaciones con la Comunidad y Culto, Mariano Almada, destacó que la política pública diseñada por el Gobierno provincial “hoy se concreta con hechos”, al permitir que 21 iglesias accedan a un reconocimiento largamente esperado.

Desde las comunidades beneficiadas, el pastor evangélico Franco Luque valoró la herramienta legal otorgada y afirmó que “fortalece el trabajo en equipo con el Estado”, mientras que el pastor Esteban Acevedo señaló que el nuevo marco jurídico permitirá potenciar la tarea social en los barrios más vulnerables.

La personería jurídica religiosa permitirá a las comunidades fortalecer su labor en asistencia alimentaria, acompañamiento espiritual, prevención de adicciones y contención social, ahora con respaldo legal e institucional del Gobierno de Córdoba.

Del acto participaron ministros, legisladores provinciales, intendentes y representantes de distintas confesiones religiosas.