El ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, presentó una denuncia penal para que el Ministerio Público Fiscal investigue presuntas irregularidades en el accionar del Tribunal de Cuentas de Córdoba, en el marco de la intervención ejercida sobre el Expediente Administrativo N.º 0002-050337/2025.
Según se informó oficialmente, la denuncia fue realizada conforme a los artículos 314, 315 y concordantes del Código Procesal Penal provincial, y apunta a determinar si el órgano de control se extralimitó en sus funciones al observar el gasto y negar el visado del expediente, basándose —según sostiene el ministro— en criterios de oportunidad, mérito o conveniencia, facultades que no le corresponden legalmente.
Desde el Ministerio de Seguridad advirtieron que este accionar podría constituir una injerencia indebida en atribuciones propias del Poder Ejecutivo, afectando el principio constitucional de división de poderes, además de configurar un posible abuso de autoridad.
Quinteros remarcó que la denuncia se presenta ante la gravedad institucional de los hechos y la eventual comisión de delitos vinculados al ejercicio irregular de la función pública, con el objetivo de que sea la Justicia quien determine el alcance y la legalidad de lo actuado.
En declaraciones públicas, el ministro sostuvo que se emitieron acusaciones “sin elementos que las respalden”, muchas de ellas de carácter personal, y afirmó que la maniobra tendría dos objetivos: obstaculizar indefinidamente la adquisición de tecnología de punta para la seguridad y brindar sustento discursivo a una campaña política basada en acusaciones falsas y estigmatizantes.
“Expresiones como ‘fraude’, ‘corrupción’, ‘traje a medida’, ‘sobreprecios’ o ‘cajas negras’, dichas con liviandad e irresponsabilidad, no pueden quedar sin consecuencias. Todo tiene un límite”, concluyó Quinteros, ratificando su compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto institucional.
