El gobernador Martín Llaryora presentó el proyecto de Ley Antibúnker y Antiaguantaderos, una iniciativa que busca dotar al Estado de nuevas herramientas para intervenir inmuebles utilizados para la venta de drogas, esconder delincuentes o que, por su estado de abandono, representen un riesgo para la seguridad.
La propuesta establece un procedimiento que permitirá actuar sobre estos espacios con medidas como clausuras, cerramientos y bloqueos de accesos. En los casos vinculados al narcotráfico, la Justicia podrá ordenar desalojos, demoliciones o la restitución de los inmuebles a sus propietarios.
Además, el proyecto crea un Registro Provincial de Bienes Intervenidos y una unidad interagencial para coordinar acciones entre la Provincia, la Justicia, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, la Policía y los municipios.
La iniciativa también prevé que los bienes y fondos decomisados en causas de narcotráfico sean reinvertidos en la lucha contra este delito: el 60% se destinará al fortalecimiento de la FPA y el 40% a programas de prevención y abordaje impulsados por el Ministerio de Justicia y Trabajo.
