Sebastián García Díaz puso en debate la continuidad de los Centros de Participación Comunal (CPC) y planteó que, si no se reduce drásticamente su costo, debería evaluarse su cierre.
Según expuso, la contribución inmobiliaria recauda alrededor de 110 mil millones de pesos al año, mientras que el funcionamiento de los 17 CPC demandaría unos 56 mil millones anuales. “Si no somos capaces de disminuir drásticamente este costo en forma rápida, nos conviene cerrar estas instituciones porque son demasiado caras”, sostuvo.
García Díaz cuestionó el modelo de descentralización implementado en la ciudad y afirmó que los CPC “quedaron a mitad de camino” respecto de la promesa original de participación y cercanía con el vecino. También señaló que cuentan con más de 1.000 empleados y puso en duda la relación costo-beneficio del servicio que brindan.
No obstante, aclaró que no propone necesariamente una eliminación total inmediata, sino una reconversión profunda. “Podríamos hacer un esfuerzo por mantenerlos, pero deberían funcionar con muchos más servicios y gastando el 10% de lo que hoy inciden en el presupuesto municipal. Si no, no nos sirve”, planteó.
El dirigente vinculó el debate con la presión impositiva y la necesidad de priorizar inversiones estructurales, como la extensión de cloacas y el asfaltado de calles. “Si queremos bajar impuestos y tener el 100% de cloacas en ocho años, hay que revisar cada gasto. Los recursos públicos deben ser sagrados”, concluyó.
