La Municipalidad de Córdoba presentó una denuncia penal este domingo por la interrupción del servicio de transporte urbano que afectó a miles de usuarios en la ciudad.
La medida apunta a la empresa FAM, cuya prestación impacta en los corredores 2, 5 y 7, además de las líneas 600 y 601. Según informaron desde el municipio, los hechos interfieren en el normal funcionamiento del transporte público de pasajeros.
En la presentación judicial, el municipio también solicitó constituirse como querellante particular, al considerarse “ofendido penal” por la situación.
Al respecto, el secretario de Gobierno municipal, Rodrigo Fernández, aseguró que lo ocurrido “no responde a un problema operativo”, sino que se trataría de “un sabotaje directo contra los cordobeses” y de “una maniobra extorsiva que deja a miles de vecinos a pie”.
Además, indicó que el intendente Daniel Passerini instruyó aplicar las sanciones más severas previstas en el marco regulatorio.
“Nuestra prioridad absoluta es que el servicio se normalice de inmediato. Estamos trabajando con equipos técnicos y legales para garantizar la salida de las unidades”, señaló Fernández, y agregó que no permitirán que “unos pocos vulneren el derecho de los vecinos a circular”.
