Prestadores, profesionales e instituciones de todo el país anunciaron un cese de actividades para el 18 y 19 de marzo, en el marco de una crisis que, aseguran, pone en riesgo la continuidad de los servicios para personas con discapacidad.
Desde el sector advierten que se cortó la cadena de pagos por parte de organismos como PAMI, Incluir Salud y obras sociales nacionales, lo que genera serias dificultades para sostener prestaciones básicas y el funcionamiento de las instituciones.
Además, denuncian que la Ley de Emergencia en Discapacidad no se está cumpliendo, pese a haber sido reglamentada. Según indican, las medidas de apoyo económico no fueron efectivizadas y los aumentos otorgados resultan insuficientes para cubrir costos y garantizar la atención.
También cuestionan recientes disposiciones del Ministerio de Salud, al considerar que establecen condiciones más restrictivas para el acceso a pensiones, lo que agrava la situación de miles de personas.
El reclamo no solo apunta a la falta de financiamiento, sino también al impacto directo en la atención: advierten que, si no se regularizan los pagos, podrían interrumpirse servicios esenciales, afectando a personas con discapacidad y sus familias en todo el país.
En este contexto, el paro de actividades se presenta como una medida de urgencia para exigir el pago inmediato de las prestaciones adeudadas y la aplicación efectiva de la ley vigente.
