El gobernador Martín Llaryora envió a la Legislatura un proyecto de ley que crea un Régimen Provincial de Protección de Víctimas de Delitos, una iniciativa que busca garantizar asistencia, participación y resguardo para quienes atraviesan un proceso penal.

La propuesta, que el Ejecutivo sugiere denominar “Ley Joaquín” en memoria de Joaquín Sperani, establece estándares mínimos de trato, información, participación, asistencia, protección y reparación para las víctimas dentro del sistema judicial.

Según el texto, aunque el sistema penal contempla la intervención de las víctimas, persisten problemas como falta de información, demoras, barreras de acceso y situaciones de revictimización. Por eso, el proyecto fija un piso común de derechos que deberán garantizarse desde el primer contacto con la Justicia.

Derechos para las víctimas

El régimen propone que las víctimas tengan asegurados, entre otros, los siguientes derechos:

  • Trato digno, privacidad y protección contra la revictimización.
  • Información clara sobre el proceso penal y sus etapas.
  • Acceso a patrocinio jurídico, incluso gratuito cuando sea necesario.
  • Participación en el proceso, aportando pruebas o interviniendo en audiencias.
  • Asistencia médica, psicológica, social y jurídica gratuita.
  • Medidas de protección urgentes ante riesgos o intimidaciones.
  • Reparación integral del daño, por vías penales o civiles.

Además, el proyecto incorpora el principio de debida diligencia, que obliga a las autoridades a actuar sin demoras para evitar que la intervención estatal agrave el daño sufrido por la víctima.

Cambios en el proceso penal

La iniciativa también introduce modificaciones al Código Procesal Penal de Córdoba para que los derechos establecidos puedan aplicarse de manera efectiva.

Entre los principales cambios se destacan:

  • Permitir que víctimas de delitos cometidos por menores inimputables puedan constituirse como querellantes.
  • Reforzar la obligación de informar a las víctimas sobre decisiones que puedan afectar su seguridad o sus derechos.
  • Establecer mecanismos para evitar la revictimización, reduciendo declaraciones repetidas.
  • Crear modalidades especiales de declaración en delitos graves como violencia de género o delitos sexuales.
  • Garantizar la participación de la víctima en decisiones como prisión domiciliaria, libertad condicional o suspensión del juicio a prueba.
  • Incorporar un nuevo artículo sobre juicio abreviado, que obliga a informar a la víctima en casos graves.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la reforma no altera el equilibrio del proceso penal, pero busca asegurar respuestas “más rápidas, eficaces y útiles”.

Observatorio de Víctimas

El proyecto también prevé la creación de un Observatorio de Víctimas de Delitos en el ámbito de la Legislatura, integrado por representantes del Estado, organizaciones civiles y familiares de víctimas. Su objetivo será elaborar diagnósticos y recomendaciones para mejorar las políticas públicas de asistencia.

El nombre de la ley

La iniciativa propone denominar la norma “Ley Joaquín” en referencia al caso de Joaquín Sperani, como un gesto de memoria institucional y un recordatorio de que detrás de cada expediente judicial hay personas y familias que esperan respuestas del Estado.