La Legislatura de la Provincia de Córdoba comenzó a debatir en comisión el proyecto para crear un Régimen Provincial de Protección de Víctimas de Delitos, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que propone modificar la Código Procesal Penal de Córdoba (Ley 8123).

El tratamiento se inició en la Comisión de Seguridad y fue encabezado por el legislador Juan Manuel Llamosas, con la participación del ministro de Justicia y Trabajo, Julián López.

Durante la reunión, el funcionario explicó que el proyecto busca garantizar derechos concretos para las víctimas dentro del proceso penal, como el acceso a información, la participación en la causa, asistencia estatal, protección y posibilidades de reparación.

Según se explicó, la iniciativa pretende ordenar y unificar criterios de actuación del Estado, ante situaciones en las que actualmente persisten dificultades para que las víctimas accedan a información o participen activamente en las investigaciones.

López también indicó que el gobernador Martín Llaryora propuso que la futura ley lleve el nombre de Joaquín Sperani. En ese marco, la familia del joven expresó su intención de participar del debate legislativo.

Entre los principales puntos del proyecto se destacan:

  • La posibilidad de que las víctimas soliciten reparaciones y sean escuchadas durante el proceso judicial.
  • El derecho a recibir información sobre decisiones que puedan afectar su seguridad.
  • La habilitación para que víctimas de delitos cometidos por menores inimputables puedan constituirse como querellantes.
  • Modalidades especiales para la toma de testimonios en casos de violencia de género, delitos sexuales o violencia familiar.
  • La creación de un Observatorio de Víctimas de Delitos en el ámbito de la Legislatura.

En la reunión también participaron funcionarios del área judicial y penitenciaria, entre ellos Nadia Fernández, Leandro Goria y Pablo Sánchez Latorre.

Además, en una segunda parte del encuentro se presentó un informe sobre la situación del sistema penitenciario provincial, en respuesta a pedidos de información realizados por distintos legisladores.