La Comisión de Seguridad de la Legislatura comenzó a analizar el proyecto de Ley Antibúnker y Antiaguantaderos, impulsado por el Gobierno provincial para intervenir inmuebles utilizados para actividades delictivas o que representen un riesgo para la seguridad pública.
La iniciativa prevé herramientas para actuar sobre búnkeres de venta de drogas, aguantaderos y edificios abandonados mediante medidas como clausuras, cerramientos y restricciones de acceso. En los casos de mayor complejidad, la intervención quedará en manos de la Justicia.
Durante el debate participó el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, quien sostuvo que el objetivo es establecer «reglas claras» para definir cuándo y cómo debe intervenir el Estado. El proyecto también propone crear un Registro Provincial de Bienes Intervenidos y destinar parte de los fondos provenientes de causas por narcotráfico al fortalecimiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico y a programas de prevención.
La iniciativa continuará siendo analizada en comisión junto a otros proyectos vinculados a la recuperación de inmuebles asociados al delito.
