La legisladora Brenda Austin presentó en la Legislatura de Córdoba pedidos de informe dirigidos al Ministerio de Seguridad y a la Secretaría de Ambiente, además de un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo adopte medidas urgentes respecto de la planta industrial de Dioxitek S.A., ubicada en barrio Alta Córdoba.
La iniciativa apunta a verificar de manera inmediata las condiciones actuales de funcionamiento del establecimiento emplazado en calle Rodríguez Peña 3250, en una zona urbana densamente poblada. “El Estado no puede actuar con liviandad ni con opacidad: debe garantizar los máximos estándares de seguridad y un control permanente, efectivo y documentado”, sostuvo la legisladora.
Los proyectos surgen tras publicaciones periodísticas que señalaron presuntas deficiencias en los sistemas de prevención y combate de incendios, cuestionamientos sobre el estado del Plan de Gestión Ambiental y la eventual negociación de una nueva prórroga para que la planta continúe operando en la ciudad por ocho años más.
En el pedido dirigido al Ministerio de Seguridad, Austin solicita información detallada sobre inspecciones realizadas por la Dirección de Bomberos entre 2024 y 2026, el estado del certificado de habilitación vigente, observaciones técnicas formuladas y cumplimiento de intimaciones. También requirió datos sobre la evaluación del almacenamiento de sustancias inflamables o potencialmente explosivas, como metanol, hidrógeno, amoníaco, combustible JET A1, nitrato de amonio y ácido nítrico.
En paralelo, el pedido elevado a la Secretaría de Ambiente busca conocer el estado administrativo del Plan de Gestión Ambiental, inspecciones realizadas en los últimos tres años, planes de contingencia ante derrames y eventuales actuaciones vinculadas a riesgos ambientales o sanitarios.
Austin advirtió que la relevancia estratégica de la actividad nuclear no puede utilizarse para relativizar controles y sostuvo que el principio de precaución exige suspender cualquier avance en una nueva prórroga hasta que se acredite el cumplimiento efectivo de todas las obligaciones ante los organismos competentes.
Antecedentes
Dioxitek opera en la ciudad de Córdoba desde 1982, dedicada a la producción de dióxido de uranio destinado a centrales nucleares argentinas. Tras modificaciones en el régimen de uso de suelo en 1985, la planta quedó fuera del encuadre ordinario, iniciándose un esquema de habilitaciones transitorias y compromisos de relocalización que no se concretaron.
En 2012 se formalizó un proyecto de traslado a la provincia de Formosa, proceso que no se materializó en los plazos previstos. En 2014 la planta fue clausurada temporariamente por incumplimientos, medida que luego fue revertida.
La última prórroga venció a fines de 2025 y actualmente se analiza una nueva extensión, lo que reabre el debate sobre su permanencia en una zona urbana. Según la legisladora, la continuidad de la actividad exige controles estrictos y la garantía de información pública clara y completa para los vecinos.
