El Gobierno de Córdoba puso en marcha un protocolo que obliga a quienes generen falsas alertas en establecimientos educativos a afrontar los gastos que implican los despliegues de seguridad.

La medida alcanza tanto a los responsables directos como a los adultos a cargo en caso de menores, e incluye los costos de intervenciones policiales, bomberos y equipos de investigación.

El esquema prevé que, una vez identificados, se calcule el uso de recursos humanos y materiales para luego avanzar con el cobro correspondiente, incluso mediante acciones judiciales si fuera necesario.

Desde el Ministerio de Seguridad, a cargo de Juan Pablo Quinteros, remarcaron que estas situaciones no solo generan temor en la comunidad educativa, sino que también desvían recursos clave destinados a la prevención del delito.

El protocolo será aplicado en conjunto con la Justicia y otras áreas del Estado, con el objetivo de desalentar este tipo de conductas y reforzar la seguridad en las escuelas.