El Gobierno de Córdoba oficializó el cobro de los operativos desplegados ante amenazas o hechos de riesgo en escuelas, tras la publicación del protocolo en el Boletín Oficial.

La medida, impulsada por el Ministerio de Seguridad que conduce Juan Pablo Quinteros, establece que quienes generen estas situaciones deberán hacerse cargo de los costos que implican las intervenciones policiales y de emergencia.

El procedimiento se activa con la participación del Ministerio Público Fiscal, que identifica a los responsables. Luego se calculan los gastos del operativo, se arma el expediente y se intima al pago en un plazo de cinco días.

Si no se cumple con el pago, se dará intervención a Fiscalía de Estado para avanzar por la vía judicial.

El objetivo de la normativa es desalentar falsas amenazas y conductas que obligan a movilizar recursos públicos, generando un fuerte impacto en el presupuesto provincial.