La Justicia provincial allanó este miércoles la sede del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba para requerir el expediente vinculado a la licitación por la compra de drones destinados a la Policía de Córdoba. El procedimiento se enmarca en la denuncia penal presentada por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y profundiza el conflicto institucional entre el Gobierno provincial y la mayoría juecista del organismo de control.
Según trascendió de fuentes judiciales, el allanamiento tuvo como objetivo acceder a la documentación completa relacionada con el proceso licitatorio, cuya observación por parte del Tribunal de Cuentas derivó en una fuerte controversia política y administrativa.
La medida fue confirmada de manera extraoficial luego de que el propio presidente del Tribunal de Cuentas, Beltrán Corvalán, hiciera pública la información. La causa se centra en determinar si el organismo de control incurrió en una extralimitación de funciones al negar el visado del expediente, cuestión que ahora quedó bajo análisis del Ministerio Público Fiscal.
El conflicto se inscribe en un contexto de creciente tensión entre el Poder Ejecutivo provincial, encabezado por Martín Llaryora, y el Tribunal de Cuentas, a partir de las observaciones realizadas sobre la adquisición de tecnología destinada a reforzar las tareas de prevención y seguridad de la Policía de Córdoba.
La investigación judicial buscará establecer responsabilidades y determinar la legalidad de las actuaciones vinculadas al proceso administrativo cuestionado.
